Por María Violeta Silva
Seremi del Trabajo y Previsión Social Región de Valparaíso
Este mes de abril se cumplen 3 años de la entrada en vigencia de la ley 21.105, que busca promover una inclusión laboral eficaz de las personas en situación de discapacidad, tanto en el ámbito público como en el privado a través de la exigencia que tanto los organismos públicos como las empresas con 100 o más trabajadores y trabajadoras, incorporen en sus equipos de trabajo, al menos, el 1% de personas con discapacidad. Al momento de ser tramitada, esta ley tuvo un apoyo transversal de todos los sectores políticos en el Congreso.
Hoy, las cifras dan cuenta de un avance sostenido: Según la Dirección del Trabajo, desde la implementación de la ley, se han registrado más de 32 mil contratos bajo esta norma, beneficiando a más de 26 mil trabajadores, y la región, concentra el 7,3% de este total. Actualmente, poco más de 1500 personas se desempeñan en distintos rubros gracias a la normativa.
Las cifras son alentadoras, y nos llaman a concentrarnos en las historias detrás de cada uno de esos números, porque esta ley apunta a una incorporación real, mucho más allá de la mirada asistencialista que a veces subyace de este tipo de normas, relevando la dignidad de las personas que por distintas razones, se encuentran en situación de discapacidad: Estamos hablando de hombres y mujeres cuyas características personales y profesionales, los hacen tener tantas o más cualidades que cualquier trabajador. Las personas en situación de discapacidad son talento y valor incorporado a los espacios laborales, contribuyendo con competencias y habilidades que permiten además un enorme mejoramiento no sólo en la productividad de las empresas, sino que, está demostrado, contribuyen de manera cierta al mejoramiento de los ambientes laborales.
Ahora, el desafío es lograr construir una región y una sociedad más inclusiva, y este tipo de normativas contribuyen a ese necesario cambio cultural. En ese sentido, el acceso a un trabajo formal, remunerado, y que ponga de relieve sus capacidades, entregándoles autonomía económica y posibilidades de desarrollo profesional, constituye un enorme paso para incorporarlos de manera efectiva a la sociedad. Los efectos de la ley van mucho más allá de los cambios físicos en una empresa, como la construcción de rampas o espacios adaptados. Se trata también de que empleadores y trabajadores, contribuyan a la generación de un espacio laboral idóneo, con el ambiente propicio para que una persona con discapacidad pueda ejercer de manera real, las actividades para las que fue contratada, usando sus habilidades y competencias y no simplemente, cumplir con la imposición legal vigente.
Desde el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, la invitación es a avanzar de manera efectiva, no solamente cumpliendo con la ley, sino que, inspirados por su espíritu, el cual nos demuestra junto con los hechos, que la discapacidad la hace el entorno, no las limitaciones ni las características de las personas.
