Alejandro Villarroel Castillo
Ingeniero Comercial MBA
Director regional SENCE Valparaíso
La creación e implementación de políticas públicas, tiene por sentido corregir o afianzar situaciones negativas o positivas que se presentan en los diferente ámbitos sociales y económicos. El que estas políticas realmente sean asertivas, será resultado de los conocimientos, la experiencia y la capacidad para leer de manera estratégica los efectos de la medida propuesta de quien (es) la genere.
Sin duda, la pandemia no solo ha provocado una crisis sanitaria a nivel mundial de la cual somos parte; si no también, una crisis económica que ha generado un deterioro sostenido en los niveles de producción y descontratación de recursos, entre ellos la mano de obra, con el notable incremento en el desempleo, cuya tasa llego a un 12,3% a nivel nacional y a un 14,4% a nivel regional en el trimestre móvil de julio a septiembre del 2020.
Ante esto, se crea una herramienta innovadora y fácil de utilizar, que da cuerpo a una política de fomento a la contratación de personas cesantes o suspendidas en su relación laboral, con énfasis en la contratación de mujeres, jóvenes menores a los 24 años y con discapacidad acreditada; segmentos que son definitivamente los más afectados en esta pandemia.
Los resultados se encuentran a la vista: a la fecha 370.000 beneficiados por esta vía a nivel nacional y 23.500 a nivel regional, con significativo efecto en los indicadores de desempleo: 10,8% a nivel nacional y 11.8% a nivel regional en el trimestre móvil de septiembre a noviembre 2020.
Esta constatación, con cifras concretas, demuestra como buenas medidas generan buenos resultados, que podrían ser mucho mejores, si el comportamiento de los mismos ciudadanos hubiese evitado medidas de confinamiento, que son necesarias pero lamentables por las lógicas complicaciones que pueden generar.
Esto es una clara expresión de como una política económica genera extraordinarios resultados sociales, con el positivo resultado de una mayor contratación y, con ello, un menor número de familias requiriendo apoyo subsidiario directo.
