PAGO A 30: LA PROMESA QUE BENEFICIA A LAS PYMES

En Julio del 2018, el Presidente Sebastián Piñera se reunió con actores de las micro, pequeñas y medianas empresas para escuchar sus quejas y recibir sus propuestas para elaborar el proyecto de ley “pago oportuno”, que luego pasó a llamarse “Pago a 30 días”.

Con esto se busca dar fin a  un problema  que se arrastra desde hace 15 años; el pago tardío de las facturas a las pymes, que en ocasiones podía extenderse hasta los 120 días afectando la solvencia y liquidez de los pequeños emprendimientos y la generación de un capital para su producción, teniendo que recurrir al bicicleteo y el sobrendeudamiento.

¿Qué otros puntos contempla la nueva ley?

Es necesario que la aplicación del pago a 30 días será un proceso gradual, por lo tanto a partir del cuarto mes de circulación de la ley en el Diario Oficial (que será en dos semanas) y durante los próximos 24 meses, el plazo máximo para el pago de los compromisos será de 60 días, aplicándose el pago en 30 días en el mes 25.

Para el sector público, debido a que es el sector que peor se comporta con las pymes, el pago comenzará a regir desde el mes 29 para dar tiempo a su organización y la regularización de su situación.

Para llevar un seguimiento se establecerá una guía de despacho electrónica obligatoria, para evitar dudas e inconvenientes desde el despacho de la mercancía hasta recibir el pago. Además se sumaran intereses corrientes en caso de demoras, y el establecimiento del pago de una comisión fija por recuperación de pagos equivalente al 1% del saldo insoluto adeudado.

En caso de un incumplimiento sistemático de los plazos estipulados en la ley, se considerará una práctica de competencia desleal que podrá sancionarse.

La preocupación se encuentra en el punto referido al plazo excepcional de pago, el cual permite en ocasiones particulares las partes pueden acordar un plazo de pago superior a los 30 días cumpliendo con condiciones que incluyen, entre otros, un acuerdo por escrito que no podrá constituir un abuso para el acreedor y que deberá ser inscrito en un registro que llevará el Ministerio de Economía.

La tensión está en la posible preferencia de las empresas por pymes que puedan soportar un plazo más extenso de pago, dejando en una posición de desventaja a quienes dependen del pago para generar capital para su producción e incentivándolos a bajar los precios.

Independientemente, solo queda esperar la puesta en marcha y aplicación de la nueva ley para observar los resultados que todos esperamos sean favorables para las más de un millón de pequeñas y medianas empresas en Chile y los cuatro millones de personas que dependen de ellas.

 

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