Tras las modificaciones de esta nueva ley, el especialista Esteban Orhanovic deAsociado del Grupo IP, Tech and Data de Albagli Zaliasnik (az) explica los riesgos y los efecto de las startup a la hora de buscar financiamiento.
La nueva Ley de Delitos Económicos realiza importantes modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, lo que traerá grandes desafíos desde el punto de vista de la Propiedad Intelectual para las startups. Esta reforma incorpora al catálogo de delitos por los cuales pueden ser responsables penalmente las personas jurídicas, aquellos delitos contra la PI, lo que conlleva un aumento significativo en el riesgo de exposición a violaciones de la Propiedad Intelectual por parte de startups.
Según explicó Esteban Orhanovic, Asociado del Grupo IP, Tech and Data de Albagli Zaliasnik (az) “las startups, que suelen centrar su negocio en desarrollo de tecnología, enfrentan riesgos significativos en estas áreas. La razón principal es que la gran mayoría de ellas desarrolla sus propios softwares, sistemas o algoritmos. La falta de medidas de protección adecuadas podría llevar a la violación de los derechos de terceros, especialmente aquellos relacionados con los derechos de autor. Esta situación no solo podría conllevar responsabilidad penal para la startup, sino también afectar a los posibles inversores”.
Estos cambios tendrán un importante efecto en las startups en busca de financiamiento, ya que las empresas de venture capital o incubadoras, que deseen invertir en ellos, deberán incrementar y elevar los estándares en los procesos de due diligence al evaluar la inversión.
Esteban Orhanovic detalló que “en particular, las compañías interesadas en invertir deberán verificar que la startup es titular de todos los activos de PI que dice tener o que representan el núcleo de su negocio (derechos de autor, patentes de invención, marcas, diseño, entre otros). Esto es especialmente relevante, ya que cualquier eventual infracción en esta línea, podrá devenir en la responsabilidad penal de ésta, lo que no sólo conlleva posibles penas efectivas, sino que también la desvalorización del negocio”.
Ante estos importantes cambios que tendrá la Ley N° 20.393 en relación con la PI y los efectos que podría tener tanto entre las startups como en los inversionistas, es fundamental que estas empresas avancen hoy en la implementación y/o actualización de modelos de prevención de delitos, con especial enfoque en aquellas conductas que podrían ser riesgosas en relación a los activos de PI y otros propios de todas las industrias.
Esteban Orhanovic concluyó que “a través de la prevención y cumplimiento las startups pueden evitar posibles delitos y efectos adversos en la inversión, algo fundamental para la innovación y el crecimiento como hub tecnológico de nuestro país”.
