Por Carolina Erices, profesora del Departamento de Ingeniería Comercial de la USM
En agosto del presente año, entrará en vigor una modificación crucial en la ley de insolvencia, cuyo propósito es proporcionar un marco legal más propicio para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Esta reforma tiene como objetivo primordial simplificar y agilizar la reestructuración y recuperación de las pymes en situaciones de insolvencia, otorgándoles herramientas y ventajas para sortear desafíos financieros y continuar su operación.
Pero ¿qué implica esta modificación de la ley de insolvencia y de qué manera impacta a las pymes? En palabras simples, la ley de insolvencia consiste en un conjunto de normativas que se aplican cuando una empresa se encuentra incapacitada para honrar sus obligaciones financieras. Sorprendentemente, esto también puede afectar a las pymes en ciertos casos. Sin embargo, la modificación de esta ley trae consigo buenas noticias para estas empresas de menor tamaño. La modificación más destacable reside en la simplificación del proceso de reestructuración de deudas para las pymes. En el pasado, este procedimiento podía resultar largo y complejo, lo que agravaba la recuperación económica de estos negocios. No obstante, con las nuevas reformas, se anticipa que las pymes podrán acceder de forma más expedita y sencilla a dicho proceso de reestructuración.
¿Cuáles son, entonces, los beneficios concretos que esta modificación aporta a las pymes? En primera instancia, esta reforma les brinda la oportunidad de renegociar sus deudas y pactar condiciones de pago más favorables. Esto implica la posibilidad de obtener plazos más prolongados o incluso reducir la cuantía de las deudas, aliviando la carga financiera que enfrentan. Aunado a ello, esta modificación también asegura que las pymes conserven el control sobre su negocio durante el proceso de reestructuración. Anteriormente, corrían el riesgo de ceder el control de su empresa a terceros, lo cual podía resultar en pérdida de empleos y, en última instancia, en la desaparición del negocio. En contraste, con esta nueva ley, las pymes podrán continuar tomando decisiones y liderando su negocio, lo que amplía sus perspectivas de recuperación.
Sin embargo, las ventajas no terminan ahí. La modificación de la ley también incorpora medidas que incentivan la reactivación económica de las pymes. Por ejemplo, se contempla la opción de que los proveedores acepten pagos en especie o en servicios, lo que puede ser un recurso valioso para las empresas con recursos limitados. Otra innovación relevante es la creación de un registro de deudores, lo cual permitirá a las pymes conocer la salud financiera de sus posibles clientes, minimizando así el riesgo de caer en impagos.
Sin lugar a duda, la modificación de la ley de insolvencia que entrará en vigor en agosto representa un avance crucial para las pymes, al proporcionarles herramientas y ventajas para enfrentar situaciones de insolvencia de manera más propicia. La accesibilidad de los procedimientos de reestructuración, la flexibilidad en los acuerdos de pago, la salvaguarda de activos y el fomento de la cultura de la segunda oportunidad son aspectos esenciales que permitirán a las pymes superar obstáculos financieros y continuar su contribución al desarrollo económico.
Es muy importante, que las pymes se mantengan informadas sobre estas modificaciones y aprovechen las oportunidades que brindan para consolidar su posición en el mercado y asegurar su sostenibilidad a largo plazo.
